La acusación sostenía que el administrador de una sociedad habría realizado disposiciones económicas injustificadas y utilizado fondos sociales para fines ajenos a la actividad empresarial, reclamando además importantes cantidades en concepto de responsabilidad civil.
En fecha 23 de febrero de 2026, el Tribunal de Instancia (Sección Penal) de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia absolutoria en un procedimiento abreviado seguido por un presunto delito continuado de apropiación indebida.
La acusación sostenía que el administrador de una sociedad habría realizado disposiciones económicas injustificadas y utilizado fondos sociales para fines ajenos a la actividad empresarial, reclamando además importantes cantidades en concepto de responsabilidad civil.
Durante el juicio oral, la defensa cuestionó la suficiencia y solidez de la prueba practicada, destacando la inexistencia de acreditación objetiva sobre la apropiación de cantidades concretas, así como la ausencia de prueba suficiente sobre el ánimo de lucro y la intención de causar un perjuicio patrimonial. Asimismo, se puso de relieve que buena parte de las afirmaciones de la acusación se apoyaban en presunciones y referencias indirectas, sin respaldo documental o pericial concluyente.
La resolución judicial analiza extensamente la doctrina y jurisprudencia aplicable al delito de apropiación indebida, recordando que la condena exige una actividad probatoria suficiente capaz de desvirtuar la presunción de inocencia. Finalmente, el tribunal concluyó que no había quedado acreditado que el acusado se apropiara indebidamente de fondos sociales ni que actuara con voluntad de obtener un beneficio patrimonial ilícito.
Como consecuencia, se dictó sentencia absolutoria, reconociéndose el derecho del acusado a la presunción de inocencia ante la insuficiencia de prueba de cargo.
Una resolución que pone de manifiesto la importancia de una defensa penal rigurosa, estratégica y centrada en el análisis técnico de la prueba practicada en el procedimiento.